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Denuncian a Carolina Viggiano ante la FGR por presunto enriquecimiento ilícito

Diputados y senadores de Hidalgo, encabezados por Ricardo Crespo Arroyo, presentaron ante la FGR una denuncia contra la senadora priista Carolina Viggiano por presunto enriquecimiento ilícito y otras posibles irregularidades patrimoniales.

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Legisladores de Hidalgo señalan posibles irregularidades en una residencia valuada en más de 40 millones de pesos y anuncian una queja ante el SAT

Redacción

Pachuca, Hidalgo.— Diputados federales y senadores de Hidalgo presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la senadora priista Alma Carolina Viggiano Austria, por posibles delitos de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y simulación fiscal.

El diputado federal de Morena, Ricardo Crespo Arroyo, informó que el recurso fue firmado por siete diputados federales y los senadores Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa. Además, adelantó que promoverán una queja ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que se revisen los aspectos fiscales relacionados con los señalamientos.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es una residencia ubicada en Sierra Nevada 319, en la zona de Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, cuyo valor comercial, de acuerdo con los legisladores, supera los 40 millones de pesos.

Los promoventes sostienen que las empresas Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, S. A. de C. V., y Corporativo Awiki, S. A. de C. V., ambas establecidas en Monterrey, presuntamente habrían intervenido para ocultar la titularidad real del inmueble y la procedencia de los recursos utilizados para adquirirlo y mantenerlo.

Durante la presentación de la denuncia también estuvieron los diputados Daniel Andrade, Alma de la Vega, Mirna Rubio, Viridiana Cornejo y Tatiana Ángeles, así como el dirigente de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado.

Los legisladores señalaron que los cuestionamientos sobre el patrimonio de Viggiano Austria, quien también se desempeña como secretaria general del PRI, incluyen otras operaciones inmobiliarias. Entre ellas mencionaron una propiedad en un campo de golf y la compra de un terreno por aproximadamente dos millones de pesos que, según su versión, posteriormente habría sido vendido en 18 millones.

A juicio de los denunciantes, estas operaciones ameritan una revisión debido a que presuntamente ocurrieron mientras la senadora ocupaba cargos públicos.

Los promoventes afirmaron que corresponde a las autoridades ministeriales investigar los hechos y determinar si existen elementos para acreditar alguna conducta ilícita.

Asimismo, rechazaron que la acción legal tenga como propósito obstaculizar las actividades políticas de la legisladora priista.