El mandato de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) fue prorrogado casi tres años más.
DE: STAFF / HIDALGO NEWS
La Cuarta Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este miércoles una resolución que apoya la continuidad de las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), cuyo mandato fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2029.
De acuerdo con un comunicado de Naciones Unidas, la propuesta recibió 143 votos a favor, nueve en contra y 20 abstenciones durante la votación del 18 de noviembre y el documento reconoce el papel de la agencia en la atención de más de seis millones de refugiados palestinos.
El proyecto, identificado como A/C.4/81/L.12, respalda las actividades de la UNRWA en Gaza, Cisjordania —incluida Jerusalén Oriental—, Jordania, Líbano y Siria.
La votación ocurrió en la Cuarta Comisión, por lo que el proyecto todavía debe continuar su trámite ante la Asamblea General, aunque la prórroga del mandato hasta 2029 ya había sido aprobada por ese órgano en diciembre de 2025, mediante la resolución 80/78.
El documento reconoce a la agencia como una pieza fundamental para proporcionar ayuda humanitaria y servicios básicos a la población refugiada palestina.
Entre sus actividades están la atención médica, la educación, la asistencia social y los servicios de protección. También participa en la distribución de ayuda de emergencia.
La resolución sostiene que ninguna otra organización puede sustituir la capacidad y el mandato de la UNRWA para atender a los refugiados palestinos y a la población civil que necesita asistencia vital.
Además, advierte que reducir o interrumpir sus operaciones tendría consecuencias humanitarias graves para millones de personas y repercusiones en la estabilidad de la región.
El texto también destaca la participación de la agencia en la recuperación y estabilización de Gaza después del alto el fuego; en esa etapa, considera necesarios sus servicios de educación, salud, agua, saneamiento y reconstrucción de infraestructura.
La resolución condena la muerte de trabajadores humanitarios en Gaza; de acuerdo con el documento, cerca de 400 integrantes del personal de la UNRWA forman parte de los al menos 597 trabajadores humanitarios muertos en ataques israelíes desde octubre de 2023.
El registro tiene como fecha de corte el 14 de octubre de 2026 y en el texto también condena los ataques y daños contra instalaciones de Naciones Unidas, incluidos centros educativos utilizados como refugios.
Entre los hechos que deplora están las incursiones y demoliciones en el complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah, así como la entrada forzada y la toma de su centro de capacitación en Kalandia.
También menciona la ocupación de instalaciones de la agencia en el campamento de refugiados de Shuafat y las afectaciones a la protección de su personal y sus bienes.
A estas acciones se suman las medidas legislativas adoptadas por Israel contra la UNRWA; el documento rechaza las leyes aprobadas por el Parlamento israelí el 28 de octubre de 2024, que entraron en vigor en enero de 2025, así como una enmienda del 29 de diciembre de ese mismo año.
Ante este escenario, el proyecto exige a Israel respetar el mandato, los privilegios y las inmunidades de la agencia; también pide que no obstaculice el desplazamiento de sus trabajadores, vehículos y suministros.
La resolución llama, además, a permitir el acceso humanitario pleno, rápido, seguro y sin impedimentos a Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental; esto incluye el ingreso de materiales de construcción para refugios e infraestructura.
El documento recuerda que Israel debe cumplir sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario y a la Cuarta Convención de Ginebra, aplicable al territorio palestino ocupado desde 1967.
Además, la resolución también alerta sobre la crisis financiera que enfrenta la UNRWA y la atribuye a la falta estructural de recursos, al aumento de las necesidades humanitarias y a los mayores gastos derivados de los conflictos y la inestabilidad.